Durantelas últimas 48 horas, personal de la Dirección Regional de Aguas del Ministeriode Obras Públicas (MOP) y de la Brigada Investigadora de Delitos contra elMedioambiente y Patrimonio Cultural (Bidema) de la PDI, realizaron un operativoen los valles de Azapa y Vítor, en torno a una investigación que realiza laFiscalía del Ministerio Público por el delito de usurpación de aguas contradistintos particulares.
Comoresultado de inspecciones a 10 predios, la PDI detuvo a tres personas alconstatarse que en sus parcelas se estaba cometiendo el delito de usurpación deaguas, que se encuentra tipificado en el Código Penal. En las tres propiedadesse procedió también a la incautación de motobombas utilizadas para la extracciónilegal. Asimismo, en los otros siete casos, debido a la ausencia de moradores opor detectarse fallas en los sistemas de extracción descubiertos, se cursaroncitaciones a los infractores.
Elsecretario regional ministerial de Obras Públicas, Jorge Cáceres destacó queesta acción conjunta con la PDI, se enmarca dentro de los compromisos delGobierno de la Presidenta Michelle Bachelet “de realizar acciones decididaspara el cuidado del agua, declarándola un bien nacional de uso público yresguardando su uso sustentable para prioridades como el consumo humano yactividades productivas. Es por eso que desde que asumimos el Gobierno se hadispuesto el refuerzo de los equipos de fiscalización de la Dirección Generalde Aguas y se ha decidido denunciar ante el Ministerio Público a quienes estánusando aguas sin tener los derechos constituidos”.
Cáceresdetalló que el operativo pudo concretarse, gracias a una denuncia que realizóla Dirección Regional de Aguas el 17 de febrero pasado ante el MinisterioPúblico para su persecución penal y lograr el pago de multas al Fisco por partede los infractores. Esta acción se adoptó, tras efectuar fiscalizaciones el año2014 en los valles de Azapa y Vítor, donde en inspecciones sucesivas sedetectaron la 10 captaciones irregulares de aguas.
“Elacuífero del valle de Azapa presenta un agotamiento, que puede desembocar en uncolapso si no adoptamos medidas urgentes. Esto quiere decir que hayextracciones ilegales que superan con creces los derechos que estánautorizados. En temporada alta de producción del valle como lo es ahora, sinduda que esa condición de agotamiento aumenta. Por eso debemos evitar que sigadisminuyendo el agua disponible y que ésta empeore su calidad, porque de serasí, la agricultura se verá en serios aprietos”, expuso el seremi.
Porsu parte, el subcomisario de la Bidema de la PDI, Javier Gaete, valoró elresultado de la diligencia conjunta, “ya que logramos detectar pozos ilegalesque estaban funcionando sin tener los derechos constituidos. Descubrimosque esta infraestructura estaba siendo utilizada para el regadío de vegetalesque posteriormente son comercializados. Logramos detener a tres personas, yaque detectamos que estaban cometiendo el delito flagrante de usurpación deaguas, recogiendo en sus predios toda la evidencia disponible como bombas ysistema eléctrico utilizado, elementos que servirán para su posterior sanciónen el tribunal”.
Asimismo,el director regional de Aguas, Héctor Flores, subrayó que “la DGA ha hecho unesfuerzo importante por fortalecer la Unidad de Fiscalización Regional,dotándola de un equipo de tres fiscalizadores y una abogada, decisiónestratégica que nos ha permitido agilizar nuestro trabajo y aumentar en un 50por ciento las inspecciones selectivas que hoy nos están permitiendo llevarcausas a los tribunales”.
Encuanto a las penas que arriesgan los infractores, el Código Penal en suartículo 459 establece una sanción que puede ir desde los 61 días hasta los 540días de cárcel, y otra de tipo administrativo, que involucra multas entre 11 a20 Unidades Tributarias Mensuales, es decir, desde 478 mil pesos a 869 milpesos. En caso de ser reincidente, la pena puede ir desde los 541 días hastalos 3 años de presidio.
