La Dirección General de Aguas tuvo una destacada participación en el XXVI Congreso Chileno de Ingeniería Sanitaria y Ambiental denominado “Sostenibilidad, innovación y resiliencia”, realizado en Santiago entre el 3 y 5 de noviembre.
El director general de Aguas, Rodrigo Sanhueza, desarrolló el tema “Gobernanza para la seguridad hídrica”, en la cual dio cuenta de la heterogeneidad hídrica del país con 101 cuencas, 1.251 ríos, 26.180 glaciares y 12.784 lagos glaciares.
Destacó que hoy en día están vigentes 5 decretos de escasez en 22 comunas de las regiones de Arica y Parinacota, Coquimbo y Los Lagos que se encuentran en condiciones de severa sequía, afectando a 1.145.771 personas en 50.924 km2 del territorio nacional. Lo cual contrasta con los decretos vigentes en los años 2019 (24), 2020 (33), 2021 (38) y 2022 (18), resaltando que, si bien esos años la afectación abarcó una mayor extensión territorial, hoy la sequía se mantiene.
Recalcó que la DGA no sólo monitorea la cantidad de agua con su red hidrométrica nacional, sino que también se ocupa del monitoreo de la calidad de aguas con 1.685 puntos de monitoreo. “La seguridad hídrica se refiere a contar con agua en cantidad y calidad adecuadas, considerando las particularidades de cada cuenca, para consumo humano, salud, subsistencia, desarrollo económico, conservación y preservación de los ecosistemas… Dado lo anterior, y para asumir el compromiso de desarrollo sostenible N° 6 Agua y saneamiento, la DGA ha ido ampliando la red de calidad de aguas y los análisis”, comentó Sanhueza.
En este punto, resaltó la próxima actualización del Atlas Calidad del Aguas 2020, en el cual se desarrollan mapas de promedios de químicos y tendencias presentes en los cuerpos de aguas que son objeto de estudio por la DGA, junto con la evolución por macrozona y el cumplimiento de los indicadores ODS N° 6 desde el 2015 a 2022.
Igualmente, el director general de Aguas abordó la gobernanza desde las cuencas, con la conformación de las Mesas Estratégicas de Recursos Hídricos (MERH), instancias público-privada representativa de los distintos organismos existentes en una cuenca. A la fecha se han constituido 19 Mesas en el país: Arica y Parinacota (1), Tarapacá (1), Antofagasta (1), Atacama (1), Coquimbo (3), Valparaíso (2), Metropolitana (1), O’Higgins (1), Maule (1), Ñuble (1), Biobío (1), Los Lagos (1), Los Ríos (1), Aysén (1) y Magallanes (1). En las Mesas también tienen representación las organizaciones de usuarios que gestionan y distribuyen el agua a nivel local.
Estas mesas fueron creadas en el marco del reglamento para elaborar los Planes Estratégicos de Recursos Hídricos en Cuencas (PERHC), los que serán una guía para ejercer la gestión integrada de los recursos hídricos con el fin de avanzar en seguridad hídrica y enfrentar los efectos del cambio climático. Actualmente, los PERHC de las cuencas del río Huasco (Atacama) y del río Maullín (Los Lagos), se encuentran en consulta pública hasta el 23 y 30 de diciembre, respectivamente.
Estos PERHC se relacionan a la vez con el Plan de Adaptación al Cambio Climático en Recursos Hídricos, elaborado por la DGA en colaboración con FAO y financiamiento del Fondo Verde del Clima. Este Plan cuenta con medidas y acciones orientadas a reducir los riesgos sobre los recursos hídricos; el fortalecimiento legal, institucional y de gobernanza; fortalecimiento de capacidades, investigación y transferencia de conocimientos; y al acceso de financiamiento y desarrollo de mecanismos de implementación y seguimiento.
En tanto que, profesionales del Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la DGA, desarrollaron las facultades que tienen para la protección de humedales y la evaluación y fiscalización ambiental.
Francisca Aqueveque se refirió a las turberas, un tipo de humedal con importancia ecológica en la conservación de la biodiversidad y su capacidad de retener agua. A partir de la reforma al Código de Aguas vigente desde abril de 2022, la DGA estableció la prohibición de constituir sistemas de drenaje en turberas inventariadas por el Ministerio de Medio Ambiente en la provincia de Chiloé en la Región de Los Lagos, y en las regiones de Aysén y Magallanes.
Aqueveque indicó que para poner en práctica el cumplimiento de dicha normativa, la DGA elaboró una metodología basada en la clasificación de turberas según niveles de protección oficial y relevancia regional. Acción, que además contribuye a cumplir el Objetivo de Desarrollo Sostenible N° 6 Agua y saneamiento, en particular la meta 6.6 sobre protección y restauración de los ecosistemas relacionados con el agua y la meta del ODS 15 Vida de ecosistemas terrestres, respecto al punto 15.1 sobre la reducción de la degradación de los hábitats naturales.
A su vez, Raúl Becerra, dio a conocer los lineamientos técnicos y metodológicos para determinar si un humedal urbano en proceso de declaratoria por el Ministerio de Medio Ambiente se soporta o no de aguas subterráneas, así como el criterio para definir el área que afecta a la figura de zona de prohibición para nuevas explotaciones. Para ello se revisó la aplicación de la metodología DGA en el caso del humedal urbano -en proceso de declaratoria- “Estero Pintué-Santa Marta-Laguna de Aculeo”, verificando el rol ecosistémico de soporte que cumplen las aguas subterráneas en la presencia del humedal.
En tanto que, Julio Moraga, expuso sobre la labor de la DGA como organismo con competencia ambiental, como evaluar proyectos que ingresan al Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) y fiscalizar los compromisos establecidos en los instrumentos de gestión ambiental como las Resoluciones de Calificación de proyectos de acuerdo al Programa de Fiscalización de la Superintendencia de Medio Ambiente y contingencias ambientales.
Para ello, la DGA se guía según los lineamientos del Manual del Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos (SDT N°453/2023), en el cual se establecen los contenidos mínimos a ser exigibles a los proyectos del SEIA junto con estandarizar su evaluación.
Cabe señalar que durante el 2024 la DGA recibió 1.005 requerimientos del SEA y 103 del SMA. Adicionalmente, el Consejo de Defensa del Estado, Tribunales Ambientales y terceros a través de la ley del lobby, demandaron pronunciamientos de la DGA respecto a la fiscalización de proyectos.
