Recientemente, la Dirección Regional de Aguas del Ministerio de Obras Públicas fiscalizó la medida cautelar ordenada el 14 de febrero pasado por el Primer Tribunal Ambiental a minera Cerro Colorado, la cual permite a la cuprífera realizar extracciones mínimas de agua desde el acuífero Lagunillas hasta el 2023 de manera escalonada en 4 períodos.
Lo anterior, luego que el tribunal rechazara la solicitud interpuesta por la minera de alzar totalmente la medida de prohibición total de extracción de agua para fines productivos y decretar restricciones condicionadas a evitar descensos en los umbrales de agua comprometidos por la empresa.
En visita inspectiva realizada por el tribunal el 31 de enero del presente año al acuífero y al sector de pozos desde donde la minera extrae agua, los ministros verificaron que el acuífero Lagunillas y su bofedal fueron objeto de afectación que, entre otros efectos, produjo la desaparición de vertientes y llevó a la vulnerabilidad del sistema acuífero.
En este sentido, el Primer Tribunal asignó a la DGA la tarea fiscalizar y reportar mensualmente al tribunal y a la Superintendencia del Medio Ambiente, respecto al cumplimiento de la medida decretada.
A la fecha, la DGA ha fiscalizado tres de los cuatro períodos en los cuales minera Cerro Colorado debe cumplir con ciertas restricciones a los caudales que deben extraer para la operación minera, revisar los umbrales de los pozos de control y aquellos litros que deben extraerse para el Sistema de Riego Artificial para el bofedal de Lagunillas.
En la última fiscalización, la DGA hizo hallazgos que serán informados mediante un informe técnico a la Superintendencia de Medio Ambiente y al Primer Tribunal Ambiental. “En una fiscalización anterior, uno de los hallazgos, por ejemplo, fue que la minera no implementó un sistema de monitoreo en línea de la extracción de aguas subterráneas mediante el cual debía informar a la DGA,”, comentó la SEREMI MOP.
A su vez, Felipe Tapia, director regional de Aguas, señaló que además la DGA realiza acciones permanentes de fiscalización a los principales titulares de derechos de agua en la región de Tarapacá, como son la empresa sanitaria y las mineras del sector.
“Desde enero a la fecha se han cerrado 8 expedientes de fiscalización, en uno de ellos se cursó una multa por 876,75 UTM y aún se encuentran en trámite 17 expedientes por posibles infracciones al Código de Aguas. Mientras que en igual período del 2021, se abrieron 48 fiscalizaciones y se resolvieron 31 investigaciones con multas por 310 UTM en total, de acuerdo a las sanciones especificadas en el Código de Aguas”, precisó Tapia.
