Actividad fue coordinada por el Consejo de Defensa del Estado para evaluar impactos sobre el medio ambiente.

El servicio público recibió una denuncia en marzo del 2021, acogiéndola y abriendo un expediente de fiscalización, el cual derivó en una multa de 30,3 UTM. Sin embargo, la empresa continuó con la extracción no autorizada de aguas subterráneas.

Jefa del Departamento de Fiscalización, Carmen Herrera, expuso los principales cambios al cuerpo legal que rige desde el pasado 6 de abril.

Adicionalmente, participó en la fiscalización de las Resoluciones de Calificaciones Ambientales de la empresa Aguas del Altiplano en el valle de Lluta.

Quienes tengan mayor cantidad de acciones sólo podrán presentar un candidato al directorio de una Junta de Vigilancia, Asociación de Canalistas o Comunidad de Agua Subterránea o Superficial.

Luego de los compromisos asumidos el 22 de abril pasado en el encuentro con la comunidad del sector Cañas Uno en la comuna de Illapel, la DGA intensificó el trabajo para constituir dichas organizaciones.

Medida regirá en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía, en su mayoría a contar del 15 de mayo.

Sostuvo que se está monitoreando las ciudades de Santiago, Valparaíso y Coquimbo, que hoy están más expuestas a un posible racionamiento.

El cuerpo legal publicado el 27 de enero de 2018 fortaleció las atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias del servicio.