El Ministro de Obras Públicas, Laurence Golborne llegó esta mañana hasta el sector de Cala Cala, en las cercanías de la planta de la empresa minera Cosayach, ubicada en la comuna de Pozo Almonte, para acompañar a las autoridades de la fiscalía regional en el proceso de cierre de los pozos de extracción ilegal de agua que mantenía la faena.
“Esta denuncia ha sido presentada por la Dirección General de Aguas al Ministerio Público, y la orden fue notificada esta mañana por el poder judicial que realizó un procedimiento en terreno. Estamos muy satisfechos de que finalmente nuestra investigación concluya en sanciones concretas de los tribunales. Este es un proceso que lleva dos años, donde se ha identificado a quienes están sacando agua sin tener derecho para que ello ocurra”, explicó el Ministro Golborne.
Hasta esta zona de la Región de Tarapacá, llegaron las autoridades del Ministerio Público, de la Policía de Investigaciones y del Ministerio de Obras Públicas a través de su Dirección General de Aguas, DGA, para cerrar e incautar las maquinarias destinadas a sacar el agua, en más de 20 pozos, para la operación minera del grupo Cosayach, de propiedad del empresario Francisco Javier Errázuriz.
“Esperamos que esta sea una señal muy clara para todas las personas, a lo largo del país, quienes estén trasgrediendo la ley en materia de aguas. Este es un recurso escaso que debemos cuidar para beneficio de todos los chilenos, en particular aquí, en la Pampa del Tamarugal, donde tenemos acuíferos que no están siendo repuestos a la velocidad de la extracción de agua que se está produciendo», agregó el Ministro de Obras Públicas.
El Ministro Golborne además anunció que se presentará un proyecto de ley para dotar a la DGA de mayores atribuciones para fiscalizar y sancionar estas prácticas ilegales lo que permitirá acelerar estos procesos: “Tenemos redactado un proyecto de ley, que esperamos enviar al Parlamento con la firma del Presidente Piñera, para darle a la DGA atribuciones que permitan que este tipo de situaciones no se prolonguen por años y puedan ser resueltas en un plazo de semanas. Asimismo, solicitaremos aumentar el presupuesto de la DGA para que puedan destinar más recursos a la fiscalización”.
La autoridad indicó que solicitarán a través de este proyecto, el aumento de las sanciones y penas para estas prácticas: “Hoy la sanción por una captación ilegal de agua puede llegar a $ 400 mil, lo cual pareciera una cifra bastante poco relevante en algunos casos, para la magnitud del agua que se está captando. Con la nueva normativa que vamos a proponer, esta cifra puede llegar a 200 millones en caso de reincidencia, aumentando también las penalidades en el caso de la tipificación penal de estos delitos”, aseguró el Ministro de Obras Públicas.
El operativo que hoy se concreta es producto de una extensa investigación que lleva a cabo la DGA para fiscalizar el mal uso del recurso hídrico por parte de la faena minera y que surge a raíz de diversas denuncias e inspecciones de la autoridad en terreno. Producto de la detección de infracciones al código de aguas, la DGA puso los antecedentes a disposición de la justicia para concluir en las sanciones pertinentes, que hoy se materializan en este operativo de cierre y sellado de los pozos, entre otras diligencias.
“Queremos dar una señal clara sobre estos abusos y velaremos por la adecuada gestión del agua, que es un recurso vital y que debemos asegurar para todos los chilenos”, indicó el Ministro.
La captación no autorizada de agua resulta altamente perjudicial para la zona que se abastece del recurso que proviene de la napa subterránea ubicada en la Pampa del Tamarugal, pues dadas las características de este ecosistema el agua se renueva lentamente por lo que la sobreexplotación conlleva el riesgo de sequía natural. Además producto de esta irregularidad disminuye el caudal, la disponibilidad y la calidad del agua para el resto de las personas que viven en este sector y para los pequeños agricultores, sumando más de 300 mil habitantes en Iquique, Pozo Almonte, Huara, y la Tirana.
