Quienes tengan mayor cantidad de acciones sólo podrán presentar un candidato al directorio de una Junta de Vigilancia, Asociación de Canalistas o Comunidad de Agua Subterránea o Superficial.

Luego de los compromisos asumidos el 22 de abril pasado en el encuentro con la comunidad del sector Cañas Uno en la comuna de Illapel, la DGA intensificó el trabajo para constituir dichas organizaciones.

Medida regirá en las regiones de Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins, Maule, Ñuble, Biobío y Araucanía, en su mayoría a contar del 15 de mayo.

Sostuvo que se está monitoreando las ciudades de Santiago, Valparaíso y Coquimbo, que hoy están más expuestas a un posible racionamiento.

El cuerpo legal publicado el 27 de enero de 2018 fortaleció las atribuciones fiscalizadoras y sancionatorias del servicio.

En el marco de un encuentro del ministro de Agricultura con vecinos y vecinas del sector Cañas Uno de dicha comuna, la DGA comprometió analizar la distribución de aguas en el río Choapa y ordenar su redistribución en caso de no ser adecuada.

La nueva ley 21.435 entrega nuevas herramientas para asegurar el derecho humano al agua, subsistencia y saneamiento; y avanzar en la eficiencia hídrica desde la particularidad de las regiones y las cuencas.

La multa fue cursada en marzo por $6.600 millones por daño ambiental irreparable en las vegas de Tilopozo. En abril de 2018, el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la DGA, presentó la denuncia ante la SMA por incumplimientos al Plan de Alerta Temprana del acuífero Monturaqui – Negrillar – Tilopozo, ubicado a 78 km al este de la mina Escondida.

Para el ministro Juan Carlos García, esta reforma implica que “se garantiza el derecho humano al agua para todas y todos. Lo que se busca es una transición hídrica justa, que solucione los problemas de inequidad que padecen miles de chilenas y chilenos en el acceso a este vital elemento”.