“Cómo un gran paso en la institucionalidad del agua” definió el director general de la DGA, Matías Desmadryl, el ingreso de dos proyectos de ley para aumentar las sanciones y penas a quienes realicen extracción ilegal de agua y para acelerar el perfeccionamiento de títulos de derechos de aguas.
Dichos proyectos fueron elaborados por la actual administración de la Dirección General de Aguas e ingresaron al Congreso el martes 17 de enero de este año.
¿Qué significan estos proyectos para la DGA?
Con el ingreso de estas dos iniciativas hemos dado un gran paso en relación con mejorar la institucionalidad en materia de aguas, por ende, su significado es enorme para nuestro servicio.
Uno de los proyectos tiene por objetivo aumentar las sanciones y pena asignada al delito de usurpación de agua; además, con él se elabora una tipificación de todas las conductas e infracciones que están castigadas por la ley, asignándoles una sanción atendida a la gravedad que esa infracción implica.
Por otra parte, se introducen una serie de modificaciones en relación a la información que deben de enviar tantos las organizaciones de usuarios como los conservadores de bienes raíces y los notarios a la DGA. Esto permitirá que la nueva plataforma, el Sistema Nacional de Información del Agua, cuente con información total y actualizada en lo referido a los recursos hídricos. Por último, en materia de fiscalización se incorporara una modificación que le otorga a la DGA la facultad para ordenar la paralización y el cegamiento de los pozos en caso que conste fehacientemente la extracción ilegal, pudiendo requerir el auxilio de la fuerza pública.
¿Cuál es la situación actual y porque era necesaria la modificación?
Actualmente la DGA carece de facultades coercitivas, lo que en muchos casos se traduce en que aunque se realicen las inspecciones y fiscalizaciones necesarias en casos de extracciones ilegales, si no contamos con el apoyo de terceros, todo queda estancado durante mucho tiempo. Estos proyectos producen una mejora sustantiva en aquellos casos donde conste que puede haber una medida precautoria, permitiendo no tener que esperar como ocurre hoy. Con este proyecto vamos a disminuir los plazos, especialmente en aquellos casos en los que tengamos antecedentes y plena claridad de que se están cometiendo infracciones o ilícitos penados por la ley, y evitaremos conductas que hoy están afectando gravemente el medio ambiente.
¿De cuánto es el alza en las sanciones?
En el caso de las sanciones, hoy la ley establece una multa general de hasta 20 UTM, lo que significa casi $800 mil, pero con la modificación legal la multaría alcanzaría los $200 millones. En el caso de las penas, éstas se aumentan en un grado, por lo tanto, hoy la pena que llega a 540 días alcanzaría los tres años de presidio en su grado medio y cuando concurra violencia en la comisión del delito se puede aumentar en un grado, llegando hasta los 5 años y siendo penas privativas de libertad.
¿Con qué urgencia fueron ingresados?
El ministro Laurence Golborne anunció que ambos proyectos fueron ingresados con suma urgencia, por lo que esperamos que durante este año estén aprobados. Así también, confiamos en que por tratarse de temas muy sensibles y en los que parlamentarios de diversas bancadas a lo largo de todo el país han manifestado su preocupación, es probable que contemos con un apoyo transversal. Estos proyectos son muy relevantes porque resuelven problemas concretos y que van en directo beneficio de la comunidad.
¿Estos proyectos se suman a otras iniciativas?
Los dos proyectos de ley se suman al trabajo que como Dirección hemos realizado en el tema normativo. Desde el año pasado estamos trabajando en tres reglamentos que abarcan temas primordiales para nosotros. Uno está referido a los caudales ecológicos y ha sido trabajado en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente; otro reglamento regulará todo lo relativo a aguas subterráneas, introduciendo cambios considerables en lo que se refiere a las comunidades y a la infiltración artificial y, por último, el tercer reglamento se hace cargo de las grandes obras hidráulicas que hoy día no tiene una regulación, lo que permitirá tener una seguridad técnica y jurídica.
