Denuncia de la Dirección General de Aguas originó sanción de la SMA a minera Escondida

La multa fue cursada en marzo por $6.600 millones por daño ambiental irreparable en las vegas de Tilopozo. En abril de 2018, el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la DGA, presentó la denuncia ante la SMA por incumplimientos al Plan de Alerta Temprana del acuífero Monturaqui – Negrillar – Tilopozo, ubicado a 78 km al este de la mina Escondida.

05-04-2022 14:00:00 Dirección General de Aguas

Denuncia de la Dirección General de Aguas originó sanción de la SMA a minera Escondida

En marzo pasado la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA) multó a Minera Escondida Ltda. (MEL), con más de $6.600 millones, tras acreditar el impacto sobre las aguas subterráneas que sostienen el ecosistema en las Vegas de Tilopozo, en el Salar de Atacama, con afectación significativa de éste, configurándose daño ambiental.

Cabe recordar que el cargo formulado al titular fue por constatar una reducción del nivel freático mayor a 25 centímetros en el “Sector de Tilopozo”, esto es la distancia a la que se encuentra el agua desde la superficie del terreno, superándose de forma irreversible y desde el año 2005, la disminución máxima aceptable que pueden soportar estos sistemas vegetaciones.

Esta sanción tiene su origen en una denuncia presentada el 20 de abril de 2018, por el Departamento de Conservación y Protección de Recursos Hídricos de la Dirección General de Aguas (DGA), ante la SMA advirtiéndose incumplimientos al Plan de Alerta Temprana (PAT) del acuífero Monturaqui – Negrillar – Tilopozo, ubicado a 78 km al este de la mina Escondida y a unos 50 km al sureste del Salar de Atacama.

La DGA en su denuncia mencionó los descensos de los niveles de agua subterránea y describe que la empresa no realizó los ajustes que correspondían de acuerdo con lo dispuesto en la Resolución DGA N°1972/2001 que aprobó el PAT para el acuífero de la región de Antofagasta.

La infracción fue clasificada como gravísima, tras el análisis de todos los antecedentes y las inspecciones ambientales realizadas por la SMA en abril de 2019, incluidas mediciones de profundidad del agua subterránea en los pozos de observación del acuífero y datos de monitoreo histórico que fueron remitidos por la empresa.

Como medida de mitigación del impacto sobre el recurso hídrico y la vegetación, la empresa comprometió en su Resolución de Calificación Ambiental (RCA) la limitación del tiempo de bombeo. La Superintendencia constató que ésta y otras medidas complementarias que debieron ser aplicadas ante una disminución mayor a la máxima aceptable del nivel del acuífero, no fueron activadas.

La investigación de la SMA culminó en febrero de este año y se aplicó una multa de 10 mil Unidades Tributarias Anuales (UTA), equivalentes a más de 6.600 millones de pesos. Posteriormente, la empresa Escondida presentó ante el organismo fiscalizador un recurso de reposición con el fin de que se anule o modifique el procedimiento y la resolución a través de la cual se sancionó a la minera.

Salar de Atacama

El Salar de Atacama tiene una superficie de 17.000 km2, siendo el salar de mayor extensión a nivel nacional y corresponde a un ecosistema de alto valor ambiental. Es un territorio de alto interés ecológico, turístico y económico, de particular importancia para la biodiversidad del país.

Reflejo de lo anterior, es que dicha cuenca cuenta con diversas áreas bajo protección oficial, entre ellas acuíferos declarados zonas de prohibición para nuevas explotaciones; acuíferos que alimentan a vegas y bofedales; humedales de importancia internacional (sitio RAMSAR), con énfasis en el hábitat de las aves acuáticas; la Reserva Nacional “Los Flamencos”; el Área de Desarrollo Indígena “Atacama La Grande”, y la Zona de Interés Turístico “Área de San Pedro de Atacama – Cuenca Geotérmica El Tatio”.

En la misma cuenca existen diversas actividades productivas que ejercen presión sobre el ecosistema, siendo las de mayor relevancia aquellas que se relacionan con el rubro y actividades de la minería metálica y no metálica, las que se encuentran reguladas por instrumentos de gestión ambiental fiscalizados por la Superintendencia del Medio Ambiente (SMA).

Este espacio territorial es compartido, además, por distintas comunidades y asociaciones indígenas que estructuran sus sistemas de vida en torno al salar.

En esta zona además de Escondida, operan otras 3 empresas mineras- Zaldívar (CMZ), Albemarle (ALB) y Soquimich (SQM). A la fecha, se han formulado cargos a todas ellas.

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