La Presidenta de la República, Michelle Bachelet, firmó esta mañana en el Palacio de La Moneda el Proyecto de Reforma Constitucional que modifica el Artículo 19, en lo relativo al Régimen Jurídico de las Aguas en Chile, bajo el régimen de suma urgencia, elevando a rango constitucional el actual reconocimiento legal de las aguas como bien nacional de uso público, cualquiera sea el estado en que se encuentren; esto es, estado líquido, sólido o gaseoso, quedando en dicha categoría y sin discusión alguna, los glaciares y nieves de las montañas.
“Lo que realmente estamos haciendo es mucho más que proponer una nueva regulación. Lo que estamos haciendo es una declaración política del más alto nivel. Y la hacemos a partir de una convicción muy profunda acerca del rol del Estado y el rol de los ciudadanos respecto de los bienes públicos que todo Estado debe garantizar”, dijo la Mandataria.
Subrayó que hay una serie de bienes públicos que deben ser garantizados por el Estado y que a eso apunta la reforma constitucional propuesta en un tema “tan sensible y tan de futuro” como el agua, pues se trata “de un bien escaso y, a la vez, limitado. Por lo mismo, su protección y regulación debe estar sólidamente afincada en el ordenamiento constitucional, lo que no ocurre hoy día en nuestro país”.
La Presidenta Bachelet destacó la larga tradición que tiene Chile en la regulación del uso del agua, “sin embargo, en 1981, con la entrada en vigencia de un nuevo Código de Aguas, se produjo un desbalance entre el bien común y los intereses de unos pocos particulares”. Señaló que esa normativa dio origen a una concentración desproporcionada de derechos de aprovechamiento para fines hidroeléctricos, “concentrando, según lo que ha resuelto el tribunal de Defensa de Libre Competencia, el noventa por ciento de tales bienes en sólo tres empresas”.
Ese desbalance se corrigió parcialmente por la Ley 20.017, estableciendo nuevas facultades para la Administración del Estado, “sin embargo, muchas de las correcciones necesarias no pudieron implementarse por las deficiencias constitucionales que nuestro país tiene en esta materia. Y eso es, precisamente, lo que intentamos hacer ahora”, afirmó la Jefa de Estado.
Junto al envío de esta reforma, la Presidenta Bachelet se refirió al anuncio de “suma urgencia” para las iniciativas legales sobre Fortalecimiento de la Educación Pública y el Proyecto que Regula la Inscripción Automática y el Voto Voluntario, señalando que que estos proyectos “se encuentran en el verdadero corazón de mi gobierno y ambas cosas merecen que le demos un último impulso para lograr su aprobación”.
“Nadie puede decir que no es el momento para esta última agenda legislativa, como algunos han insinuado, porque la verdad sea dicha, siempre será momento de hacer lo justo, de avance social y de impulsar los cambios de progreso y justicia que Chile necesita”, enfatizando que “siempre será momento de debatir estos temas, porque ésa es, justamente, la esencia de la democracia”.
Destacó que “hay una amplia mayoría ciudadana que me ha dado el mandato de gobernar con decisión y con firmeza, y no abandonaré mi responsabilidad de cumplirle a esa mayoría hasta el último día”.
Ministro Bitar: “Esencial para el futuro de Chile”
A su turno, el ministro de Obras Públicas, Sergio Bitar, quien fue el impulsor de esta iniciativa como presidente del Comité Hídrico de ministros, dijo que “trabajamos ocho ministros y preparamos, hace unos seis u ocho meses, una propuesta que fue puesta también en conocimiento de todos los candidatos presidenciales por considerar que es esencial para el futuro de Chile”.
“La decisión que la Presidenta Bachelet tomó hoy día es una decisión esencial para el futuro del país y para el bien común. Lo que hay hoy día en la Constitución sobre el agua es completamente insuficiente. Viene del año 80, durante la dictadura, y lo único que dice sobre el agua es que los derechos constituidos constituyen propiedad privada. Y eso es perpetuo”, manifestó.
El proyecto de reforma constitucional, por lo tanto, abre un debate esencial para el futuro en el mundo y en Chile ante la escasez de agua, el uso más adecuado de esa agua, la subordinación del agua y la regulación del mercado para que se atenga al bien nacional de uso público y al interés público.
El titular del MOP aseveró que “los grandes grupos económicos, lamentablemente, no han recogido bien esto y están preocupados más bien de mantener el statu quo. Ese statu quo no es bueno ni para la producción ni para la igualdad”.
